A horas de haber sido detenido el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yoffre Poma, en la ciudad de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos, mientras acompañaba a una manifestación ciudadana contra las medidas económicas, cercanos al legislador aseguran no conocer del paradero del funcionario.

La detención de Poma y de otras cinco personas más, entre ellos funcionarios públicos, se habría dado pasadas las 18:30 del lunes último cuando una manifestación, de cerca de 150 personas, ingresó a las instalaciones de un pozo de Petroamazonas, localizado en la misma ciudad de Lago Agrio, con la idea de supuestamente cerrar las válvulas.   

Junto a Poma también fueron detenidos el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; José Gómez, director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor Burbano y el dirigente Roberto Pachacama.

En la localidad se mantendrían marchas para impedir que sean trasladados los detenidos hasta Quito, debido a que el fuero de Corte Nacional de Justicia (CNJ) que cobija al legislador Poma, obliga a que el asambleísta y las personas que sean acusadas del mismo delito que él sean traídas a Quito para la audiencia de flagrancia respectiva.

En la CNJ se está a la espera de que se defina la llegada de Poma a Quito para que un juez se encargue de la audiencia de ley.

Piden habeas corpus

Colaboradores cercanos al asambleísta Joffre Poma intentaban colocar en la justicia en Sucumbíos un habeas corpus que permita la libertad del funcionario de la Asamblea, así como del resto de personas detenidas, que son Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor Burbano y el dirigente Roberto Pachacama.

Por su parte el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informó, mediante un boletín de prensa, que el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) paralizó sus operaciones por dos horas y 20 minutos, lo cual generó una pérdida al país de USD 1,7 millones. 

La paralización, señala el documento, se produjo debido a que personas ajenas a la operación de este Sistema ingresaron la noche del lunes 7 de octubre a las instalaciones de la cabecera del SOTE, ubicada en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.  

Se confirmó que Empresa Pública (EP) Petroecuador presentó la denuncia formal en la Fiscalía de Sucumbíos por el delito de sabotaje en contra de las personas que fueron detenidas, además de los intentos de paralizar una actividad estratégica.

Durante el tiempo de suspensión no se bombearon 36.239 barriles de crudo, afectando directamente a la economía del país. Además, se presentaron daños en ventanales, mallas de cerramiento y puertas de ingreso a la instalación.

Al momento, todas las instalaciones de EP Petroecuador estarían  resguardadas por personal de las Fuerzas Armadas para precautelar la seguridad en todas las operaciones empresariales. La EP aclaró que realizará todas las acciones legales pertinentes para evitar este tipo de incidentes y precautelar la integridad de las instalaciones y las operaciones.

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